¿La defensa de la libertad de opinión y expresión pasa antes por la construcción de una república de ciudadanos? ¿Hemos llegado la mayoría de peruanos al ejercicio pleno de nuestros derechos y deberes?
El art. 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece uno de los derechos civiles y políticos más importantes de una sociedad: la libertad de opinión y expresión; es decir, la libertad de informar y estar informado.
Tal vez la paradoja más grande de nuestro tiempo sea la contradicción existente entre el discurso sobre los derechos humanos y la dramática realidad que viven los ciudadanos en todo el mundo respecto a sus libertades civiles. En tanto el núcleo de los derechos humanos es la dignidad (es decir, el decoro, el honor, el respeto de las personas), toda atentado contra este derecho civil político es un atentado contra la libertad del hombre.
Hace unos días, en un conversatorio promovido por la Alianza Francesa de Trujillo, se discutió sobre el rol que le compete a los ciudadanos respecto al comportamiento de los medios de comunicación. La primera conclusión a la que se arribó es que la condición sine qua non para establecer la relación es que existan ciudadanos; es decir, sujetos de derechos políticos que intervengan, ejercitándolos, en el gobierno de su país.
En honor a la verdad, ¿existe la situación de ciudadanía en un país donde impera la informalidad y las instituciones se deslegitiman con relativa rapidez? Creo que fue el historiador Alberto Flores Galindo uno de los primeros en afirmar que la República creada en 1821 nació si su protagonista principal: el ciudadano. Según esta óptica, lo que tendríamos hasta ahora son seremos humanos luchando para adquirir una condición que implica el ejercicio pleno de derechos y deberes.
En los años 90, el sociólogo Sinesio López retomó el tema en su libro Ciudadanos reales e imaginarios, en el que sostiene que existen comunidades con experiencia ciudadana real y concreta (o que tiende a hacerse concreta) y otras comunidades que viven una ciudadanía más bien imaginada, irreal y que, en el mejor de los casos, no pasa de ser una aspiración atrapada entre el aparato jurídico y la exclusión social. ¿Han superado los grupos mayoritarios esta situación de ciudadanía imaginaria? Todo parece indicar que no.
Entonces, ¿cómo asumir y defender la libertad de opinión y expresión sin haber resuelto el conflicto entre ciudades reales e imaginarios? ¿Cómo criticar la concentración abusiva de medios, el burdo manejo de opinión e información y la restricción a recibir información de calidad para tomar decisiones que impacten de manera positiva en la democracia?
Hay, creo, dos maneras de enfrentar este problema. Desde el lado social, exigiendo un comportamiento ético y responsable a los medios. Para esto, es preciso consolidar a la sociedad civil; es decir, organizar a la comunidad de ciudadanos sin experiencia real. Enfrentar a la situación como un “rebaño desconcertado” significaría dejar el campo libre para el abuso de la libertad de opinión y expresión. Desde el lado de los medios de comunicación ―hablo de los pocos medios independientes y responsables―, creo que la principal tarea de estos es ayudar a construir la ciudadanía real. No se trata de una labor fácil ni mucho menos rápida, sino de una batalla a largo plazo. Solo así tendría sentido hablar de desarrollo sostenible.