Los medios, además de informar, deben canalizar el derecho de los ciudadanos a saber a qué intereses económicos responde un candidato y, sobre todo, a combatir la corrupción y darle solidez a la democracia.
La disputa por ganar la presidencia entre Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori se libra en la calle, en foros públicos, en las redes sociales y, sobre todo, en los medios de comunicación. Esto nos recuerda la vieja relación entre poder político y poder mediático.
El poder político, salvo cuando es producto de una dictadura, es legitimado por formas democráticas como las elecciones, mientras que el mediático es un poder de hecho que no se legitima sino que se ejerce, hablando en términos ideales, sobre la base de premisas democráticas como la imparcialidad.
Joaquín Estefanía y otros estudiosos afirman que los poderes fácticos tradicionales como el Ejército, la banca y la Iglesia han sido remplazados desde hace unas décadas por tres nuevos poderes: el de los mercados, el de los medios de comunicación y el de los sondeos de opinión.
Si el poder mediático no es el resultado de la soberanía popular y constituye un poder de enormes gravitaciones para la vida social, ¿cuáles son sus vínculos y responsabilidades con la democracia?, ¿cómo aportan a la gobernabilidad, a la justicia social y a la lucha contra la corrupción de un país? y, sobre todo ¿cómo ejercen su poder sin que los intereses de sus dueños colisionen con los intereses de las mayorías?
El modelo liberal anglosajón entiende a los medios de comunicación como un negocio más dentro del mercado en tanto el modelo opuesto, que podríamos llamar social demócrata, los considera como un servicio público que usa un bien que pertenece a todos: la realidad. Lo cierto es que actualmente tenemos un modelo dual: por un lado, el Estado con sus propios medios y, por otro, la empresa privada con los suyos.
Públicos o privados, los medios deben ser independientes de los poderes político y económico para canalizar y defender el derecho a la información. Ya que los medios no están sujetos a ningún control estricto (y no tendrían por qué estarlo), quienes los manejan saben que existen límites jurídicos y morales y que cualquier exceso de libertad representa un serio problema para la democracia.
En un país con partidos políticos en crisis y con instituciones débiles, los medios de comunicación se han convertido en mediadores y representantes políticos. Algunos diarios y canales de televisión van más allá y se arrogan la representación del interés público. En este sentido, ¿es correcta la actuación de los medios que acusan a la candidata Fujimori de blindar a un miembro de su partido sospechoso de lavado de activos y vínculos con el narcotráfico a una semana de la segunda vuelta electoral? La respuesta es sí.
Los ciudadanos necesitan saber en nombre de qué intereses políticos y económicos actúan los políticos, solicitar la rendición de cuentas sobre fondos públicos y exigir que los candidatos cumplan con sus promesas de gobierno. El mecanismo para lograrlo son los diarios, la televisión, la radio y los medios digitales. “Los medios de comunicación son las nuevas plazas públicas donde se construye lo político y lo social”, dice María del Pilar Tello.
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(Ilustración de Ivan Lira)